Balance de la política pública en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia en el marco del acuerdo de paz entre el estado colombiano y las FARC-EP en el periodo de gobierno 2019-2020

Abstract

Según el último monitoreo realizado por la sección especial de la asamblea general de naciones unidas sobre drogas en 2019 dice que el número de hectáreas cultivadas con hoja de coca ha llegado a 150.000, principalmente en territorios con una deuda social histórica por parte del estado colombiano, y precisamente en ese monitoreo realizado por naciones unidas se pudo constatar que dichos territorios continúan en condiciones de abandono estatal, esto es caldo de cultivo para que persistan las condiciones alrededor de economía ilícita con tendencia al aumento. Siendo Linares un municipio ubicado en la cordillera occidental catalogado como un municipio con grandes carencias en materia social y alto nivel de economía informal, lo han convertido desde décadas del 2000 en un territorio propicio para la presencia y arraigo de la hoja de coca, lógicamente en primera instancia como medio de subsistencia de las comunidades campesinas quienes han sido los mayores afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito, ya que son base de todo tipo de conflictos (armados y sociales) y por antonomasia del fortalecimiento del narcotráfico al tener sometido al estado en materia de seguridad para promover su actividad delictiva con alto grado de impunidad. Posterior al acuerdo de paz firmado entre el estado colombiano y las farc-ep las comunidades campesinas conscientes de la enorme violencia alrededor de la economía ilegal deciden firmar los acuerdos voluntarios para la erradicación consensuada y creyentes que el gobierno de turno vaya a cumplir con los compromisos adquiridos para la transformación del territorio, sin embargo es otro el panorama que actualmente padecen en sus comunidades y que parece no tener posibilidad de cambio dada la incoherencia en materia de política pública diseñada por el gobierno nacional para atender el flagelo del municipio de Linares, pese a que administradores municipales y departamentales han mostrado voluntad para trabajar mancomunadamente con el gobierno nacional en sintonía con los acuerdos de la Habana.